Río Negro: Mujeres del FpV se pronunciaron a favor de la legalización del aborto

Dirigentes de diversas ciudades de Río Negro expresaron su respaldo a la ley.

Diputadas nacionales y legisladoras provinciales, concejalas, la intendenta de General Conesa, Alejandra Mas, y dirigentes del FpV cerraron filas y se pronunciaron a favor de la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, porque argumentaron que se trata “de un acto de justicia social”.

“Ante el inminente tratamiento en el ámbito legislativo nacional del proyecto de despenalización del aborto, mujeres del Frente para la Victoria expresamos nuestro respaldo a la iniciativa que, después de años de lucha del Movimiento de Mujeres, puede convertirse en Ley”, señalaron en un comunicado.

“Sostenemos que la problemática de la punición del aborto, cuyas consecuencias recaen sobre la mitad de la población y en especial sobre mujeres jóvenes y pobres, es un asunto de salud pública, justicia social y de Derechos Humanos”, plantearon.

“Despenalizar y legalizar el aborto es ampliar la ciudadanía para toda la sociedad, extender el Estado de derecho para las mujeres y personas con capacidad de gestar; también cumpliría el principio de igualdad y no discriminación puesto que respetaría valores y creencias personales y el pleno ejercicio de la libertad de quienes decidan interrumpir un embarazo no deseado, ya sea en los ámbitos públicos o privados del sistema de salud”, enfatizaron en un comunicado que firman las diputadas nacionales del FpV María Emilia Soria y Silvia Horne, las legisladoras provinciales Edith Garro, María Inés Grandozo, Graciela Holtz, Carina Pita, la intendenta de General Conesa, Alejandra Mas y concejalas de varias ciudades.

“Entendemos que siendo la justicia social el pilar fundamental del Movimiento, no podemos permanecer calladas mientras haya un derecho vulnerado. Consideramos que la legislación restrictiva sobre el aborto no sólo criminaliza sino que trae como consecuencia que las mujeres interrumpan sus embarazos en la clandestinidad y en condiciones inseguras”, afirmaron.

“Esta situación entraña claramente una situación de injusticia social, ya que la ilegalidad del aborto da lugar a prácticas diferenciadas según la condición socioeconómica de la mujer y el grado de información con que se cuente”, indicaron.
“Mientras que las mujeres de los sectores más favorecidos social y económicamente acuden en forma privada a profesionales idóneos, las pertenecientes a las franjas más pobres sólo tienen acceso a procedimientos caseros y riesgosos para su salud y su vida”, denunciaron.