Piden hasta ocho años de prisión por estafas con falsas adjudicaciones de viviendas del IPV

La causa investiga 594 casos en Comodoro Rivadavia entre 2023 y 2024, con un perjuicio estimado en $59,4 millones.

La causa por presuntas estafas con viviendas sociales en Chubut llegó a una nueva instancia judicial con el pedido de elevación a juicio y penas de prisión para cinco mujeres imputadas. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el esquema habría afectado a familias de Comodoro Rivadavia entre 2023 y 2024, con 594 casos y un perjuicio estimado en $59.400.000.

La investigación sostiene que las acusadas ofrecían la posibilidad de acceder a casas supuestamente recuperadas o en construcción a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Para iniciar el trámite, les solicitaban a los interesados un pago de $100.000, presentado como un aporte para la adjudicación y la conexión eléctrica del inmueble.

Cómo funcionaba la presunta estafa con viviendas
De acuerdo con la acusación, las maniobras habrían comenzado en abril de 2023. Vanesa Elizabeth Fita, señalada como principal acusada, habría convocado a personas interesadas en obtener una vivienda y les habría pedido depósitos bajo la promesa de avanzar con las adjudicaciones.

Según la investigación, Fita habría incorporado a Lucía Miranda, María Victoria Curan y Gisela Mansilla para colaborar en distintas tareas. Entre ellas, solicitar documentación personal, reunir comprobantes de pago y sostener la apariencia de que los trámites avanzaban.

Después de realizar los depósitos, las familias eran incorporadas a grupos de WhatsApp, donde recibían información sobre supuestas adjudicaciones, fechas de entrega y documentación que debían presentar. Los pagos se habrían realizado mediante cuentas bancarias y billeteras virtuales a nombre de Lara Camila Páez, también imputada en la causa.

Con el paso de los meses, las fechas anunciadas para la entrega de las casas comenzaron a postergarse. Según los testimonios incorporados a la investigación, las acusadas justificaban las demoras con supuestos problemas administrativos y trámites pendientes ante el IPV.

Denuncias que dieron origen a la causa
Ante los reiterados incumplimientos, algunas personas consultaron directamente al Instituto Provincial de la Vivienda y descubrieron que las adjudicaciones ofrecidas no eran reales.

El 5 de febrero de 2024, el concejal Omar Lattanzio y vecinos afectados presentaron las primeras denuncias que dieron inicio a la investigación judicial.

El vínculo familiar con el diputado provincial Gustavo Fita, presidente del Partido Justicialista de Chubut, también forma parte de los datos que rodean el caso. Vanesa Elizabeth Fita es su hermana y, según la información publicada por Clarín, habría afirmado ante algunas de las personas que buscaban acceder a una vivienda que contaba con el respaldo del entonces gobernador Mariano Arcioni y de su secretaria para concretar las adjudicaciones.

Sin embargo, en la acusación no se atribuye a Gustavo Fita participación en las presuntas maniobras, ni se probó la implicación de Arcioni en el caso. La investigación judicial se centra en determinar las responsabilidades de las cinco mujeres imputadas por el presunto esquema de estafas.

Fiscalía pidió penas de hasta ocho años de prisión
Tras la investigación, el fiscal general Martín Cárcamo solicitó la elevación a juicio de la causa por el delito de estafa por calidad simulada e influencia mentida.

Para Vanesa Elizabeth Fita, considerada la principal acusada, el pedido de pena es de entre seis y ocho años de prisión. Para las otras cuatro mujeres imputadas, la Fiscalía solicitó condenas de entre uno y seis años, según la responsabilidad que les atribuye en el presunto esquema.

 

Fuente: RED 43