Horror en Comodoro: Creyeron que había robado una TV, lo asesinaron y era inocente

La víctima tenía 17 años y no tenía nada que ver con el hurto. Los atacantes lo confundieron, le cortaron las orejas y lo mataron.

Alan Nahuelmilla se convirtió en una víctima de un crimen que no cometió. El joven de 17 años fue secuestrado por cuatro hermanos que lo torturaron hasta la muerte por el presunto robo de una TV que nunca tocó.

Patadas en los pulmones y cortes en las orejas con un alicate fueron parte de la sangrienta paliza que le dieron dentro de una casa ubicada en el barrio Máximo Abásolo de Comodoro Rivadavia hasta que murió.

El castigo tenía que ver con el robo de un televisor. Sin embargo, la Justicia de aquella provincia informó que no solo no hubo ninguna denuncia del hurto, sino que “los agresores se pueden haber confundido”.

Marcelo, Ángel, Sebastián y Kevin Ibáñez, se los acusa de “privación ilegítima de la libertad seguida de torturas y muerte”, un delito penado con cadena perpetua.

Ángel (33) y Sebastián Iván Ibáñez (26) quedaron detenidos en la noche del lunes, mientras que Kevin fue interceptado en la localidad de Paso de Indios, cuando intentaba huir a Chile. Marcelo, el mayor de los hermanos, directamente se entregó en la comisaría Mosconi, acompañado por el abogado Mauro Fonteñez.

Además de Nahuelmilla, un joven de 19 años cuya identidad se mantiene en reserva también fue brutalmente atacado, pero logró escapar y se recupera en el Hospital Regional,donde apareció moribundo.

Angel, Marcelo, Sebastián y Kevin Ibáñez fueron imputados por privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida contra un menor de edad, por la pluralidad de partícipes y por la muerte de Alan Nahuelmilla, así como las lesiones graves causadas al sobreviviente B.G. La imputación es en carácter de coautores de esos delitos, lo que contempla una pena de prisión perpetua. Se conocieron más detalles de los tormentos que sufrieron las víctimas. A Nahuelmilla lo arrastraron atado a una camioneta y le pegaron con una pala en la cabeza mientras que a B.G. le cortaron las orejas con un alicate. Según la fiscal Camila Banfi, los imputados registraron todas las torturas en video y al sobreviviente lo liberaron después de 8 horas de haberlo golpeado y bajo la amenaza de que no denunciara. El juez Alejandro Soñis dijo que nunca vio algo semejante en siete años de trabajo en la jurisdicción.

LOS TORMENTOS

La fiscal Camila Banfi relató el caso por el que se los investiga a los cuatro hermanos. Dijo que el sábado, alrededor de las 23, Marcelo Fabián, Sebastián Iván, Kevin Edgardo y Ángel Ibáñez junto a una quinta persona aún no identificada interceptaron en la calle Miroglio casi Duraznos de zona de Quintas a los jóvenes Alan Nahuelmilla y B.G. con el fin de que les entregaran un televisor que estos habrían sustraído a Marcelo Ibáñez.

Justamente fue éste, portando un arma calibre 45, quien se bajó de una Chevrolet S-10, mientras los otros tres hicieron lo propio de un vehículo oscuro de cinco puertas, todos armados. Así procedieron a emboscar a las víctimas, golpearlas y maniatarlas.

Atados con una soga, los arrastraron con la camioneta trasladándolos hasta el domicilio de Marcelo Ibáñez, en calle Los Duraznos 1.650, más precisamente en el patio exterior de esa vivienda, relató la fiscal.

Una vez en el lugar, los sometieron a una serie de golpes, patadas con borceguíes en diferentes partes del cuerpo, en la cabeza con una pala y con cachas de las armas, provocándoles cortes. Los desnudaron y les tiraron agua fría con bidones de 20 litros.

A B.G. le cortaron las orejas con un alicate, les pusieron sogas al cuello para ahorcarlos, disparaban al aire y a la vez los amenazaban con matarlos si no decían dónde estaba el televisor.

Según la fiscal, Marcelo Ibáñez llamaba por teléfono pidiendo más municiones calibre 45 con el fin de poder darles muerte, mientras registraron en video toda la agresión.

Todo ello ocurrió en un lapso de cuatro horas. Luego de ese tiempo y siendo alrededor de las 3 del domingo 15 de abril, los imputados se retiraron del lugar junto a Nahuelmilla, a quien por los restos de sangre encontrados en el lugar trasladaron desde Los Duraznos 1.650 hasta los predios de Los Duraznos y Miroglio donde viven Sebastián, Kevin y Angel Ibáñez, para arrastrarlo con un vehículo durante tres cuadras hasta el domicilio de su tío donde lo abandonaron.

Al regresar al lugar, los imputados que aún mantenían a B.G. cautivo, continuaron golpeándolo hasta alrededor de las 8, cuando lo liberaron tras intimidarlo con disparos al aire para que no denunciara.

B.G. huyó hacia su domicilio desde donde fue trasladado al Hospital Regional para ser asistido de sus lesiones de carácter grave. Mientras, los familiares de Nahuelmilla que lo habían encontrado malherido en la calle, lo trasladaron al hospital donde ingresó con riesgo vital y falleció a las 17:30 del domingo por traumatismo grave de cráneo con hemorragia intracerebral a causa de los golpes recibidos.

La fiscal caratuló provisoriamente el caso bajo los artículos del Código Penal que prevén el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida contra un menor de edad, por las lesiones graves causadas a una de las víctimas, por la pluralidad de partícipes y por la muerte de una de las víctimas. Para todos los involucrados en carácter de coautores.

Entre las pruebas que citó Banfi, existen órdenes de allanamiento, la declaración del sobreviviente que relató cómo ocurrió el secuestro y agresión, cuántas personas habrían participado, las características físicas detalladas de cada uno de ellos, manifestando que estaría en condiciones de realizar el reconocimiento en rueda de personas el lunes que viene.

La declaración de B.G. coincide con la escena del delito, esto es los indicios recolectados, evidencias de rastros de sangre; el secuestro de la camioneta Chevrolet S-10-, las zapatillas de una de las víctimas que se encontraron en el lugar de cautiverio, rastros en el lugar donde dice el testigo que lo arrastraron y el secuestro de la pala con la que habrían golpeado a Nahuelmilla.

La fiscal consideró que la calificación debe tener en cuenta una agresión dolosa a un menor de edad, la gravedad del caso, el carácter de las lesiones, el plan previo organizado de la emboscada, la maniobra conjunta y los golpes hacia zonas vitales del cuerpo, como la cabeza, pulmones y abdomen.

Para pedir la prisión preventiva, fundó el peligro de fuga de los imputados en la expectativa de pena de prisión perpetua. A ello se suma que los imputados se ausentaron intempestivamente de sus domicilios y el peligro de entorpecimiento ya que hay un testigo sobreviviente que el lunes dará un anticipo jurisdiccional de prueba y el miedo de los vecinos en colaborar ante el temor a represalias. Solicitó cuatro meses de investigación y el mismo plazo de prisión preventiva.

Mientras, el defensor Mauro Fontéñez dijo que sus asistidos no iban a declarar y que realizaba reserva del derecho de cuestionar la calificación jurídica. Afirmó que no estaba acreditado que sus asistidos hayan interceptado a las víctimas y que tampoco se puede probar que Marcelo Ibáñez haya llamado pidiendo municiones calibre 45. El defensor sostiene que se trataría de un homicidio preterintencional, que bajaría considerablemente la expectativa de pena hasta de cumplimiento condicional.

El juez Soñis para fundar la apertura de la investigación tuvo en cuenta el relato fiscal en el que “los imputados con pleno conocimiento y voluntad realizaron esta privación ilegal de la libertad, este secuestro de ambas víctimas, las sometieron mediante un actuar violento, despiadado y salvaje si se quiere, una violencia inusitada que no ha sido visto por quien les habla por lo menos en los últimos siete años en esta jurisdicción”.

El juez dijo que “los sometieron a toda clase de tormentos y lesiones, lesiones graves producidas en una de las víctimas y la muerte producida en otra de las víctimas”.

El magistrado decretó legal la detención de los hermanos Ibáñez, consideró la probabilidad de autoría a los cuatro imputados, dejó asegurada su defensa técnica y decretó la prisión preventiva por cuatro meses. Otorgó además el mismo plazo de investigación.

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