Esquel | Espionaje: Revocan sobreseimientos a los fiscales Rivarola y Bottini

El jueves pasado se reunieron en Buenos Aires los integrantes de la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal.

Los doctores Carlos Alberto Mahiques, Liliana E. Catucci y Eduardo Rafael Riggi, bajo la presidencia del primero de los nombrados, asistidos por la secretaria de Cámara, doctora María de las Mercedes López Alduncin, para resolver en la causa caratulada “Rivarola, Fernando Luis y otros s/recurso de casación”, con la intervención del representante del Ministerio Público ante esta Cámara, Dr. Ricardo Gustavo Wechsler; de la querella representada por los doctores Osvaldo González Salinas y Gustavo Macayo; de la defensa de los imputados Claudio Rodríguez y Adrián Muñoz a cargo del Dr. Julio López Casariego; y la de Fernando Rivarola y María Bottini a cargo del Dr. Néstor Gabalachis.

Argumentos de Catucci

La jueza Liliana Elena Catucci dijo que llegaron las actuaciones a conocimiento de esa Cámara a raíz de los recursos de casación deducidos por la querella y por el Fiscal General contra la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que revocó el procesamiento y sobreseyó a Claudio Alfredo Rodríguez, Adrián Alejandro Muñoz, Fernando Luis Rivarola y María Bottini.
Explicó que la querella tachó de arbitrario el fallo liberatorio, por haber efectuado una valoración antojadiza de las probanzas y de las responsabilidades de los funcionarios públicos. A su turno, el Fiscal General introdujo los mismos agravios que el anterior y consideró que los imputados conocían que el vínculo que entablaron con el agente de inteligencia era ilegal.
Después de hacer otras consideraciones, la magistrada expuso que se debe anular la resolución recurrida, y propuso hacer lugar a los recursos de casación presentados por la querella y por el Fiscal General; apartar a los magistrados de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que la suscribieron, y remitir las actuaciones a dicha sede a fin de que según corresponda se adopte una nueva resolución.

Votó negativo

Por su parte el juez Eduardo Rafael Riggi, en su análisis, señaló que a los fiscales Fernando Rivarola y María Bottini se les imputó el haberse relacionado y actuado en forma prohibida por el art. 15 bis de la Ley de Inteligencia Nacional Nº 25.520, al reunirse con el agente de la Delegación Provincial de Trelew de la Agencia Federal de Inteligencia -en la sede del Ministerio Público Fiscal- sin la autorización expresa del Director o Subdirector de ese organismo, oportunidad en la recibieron datos e información digital que quedó grabada en la computadora del Fiscal Rivarola.
Al cabo de su extensa exposición, el magistrado votó por rechazar los recursos de casación interpuestos por el representante del Ministerio Público Fiscal y la parte querellante.

El fallo

El juez Carlos Alberto Mahiques adhirió al voto de la Dra. Catucci, por compartir en lo sustancial sus fundamentos. En mérito a la votación el Tribunal por mayoría resolvió: Hacer lugar a los recursos de casación presentados por la querella y por el Fiscal General; apartar a los magistrados de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que suscribieron el sobreseimiento de Rivarola, Bottini y los dos policías, y remitir las actuaciones a dicha sede a fin de que según corresponda se adopte una nueva resolución conforme lo establecido en el ámbito de Casación.

El caso

En octubre de 2017, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia sobreseyó a los fiscales provinciales Fernando Luis Rivarola y María Bottini, al comisario Adrián Alejandro Muñoz y al oficial principal Claudio Alfredo Rodríguez, en una causa de espionaje ilegal a vecinos y dirigentes de Esquel.
Los cuatro habían quedado desvinculados, y sólo siguió involucrado el agente de la Agencia Federal de Informaciones (AFI), cuya identidad tiene las iniciales D. C. G., que habría espiado al grupo denunciante que abarcaba a dirigentes, periodistas y militantes por el No a la mina.
En febrero de 2017 el juez federal de Esquel, Guido Otranto, había escrito 64 páginas para explicar las razones por las que los acusaba de haberse relacionado de manera prohibida con el integrante de la AFI, dependiente de la delegación Trelew, que actuó de manera ilegal en la zona cordillerana.

Otranto también lo procesó

Ese espía también fue procesado por Otranto en 2016, y la Cámara confirmó la medida, por lo que aún se aguarda el juicio oral y público. La causa se inició por una denuncia en el Juzgado Federal de Esquel el 31 de agosto de 2015, por los propios Rivarola y Bottini, además de su colega Fernanda Révori que luego fue apartada de la causa. Los fiscales estaban a cargo de investigar la ocupación de un predio de la Compañía Tierras del Sud Argentino, en la zona de Leleque.
En ese marco, el 28 de mayo de 2015, la sede del Ministerio Público Fiscal de Esquel fue escenario de una reunión entre los fiscales Fernando Rivarola y María Bottini con una persona que se identificó con una credencial de la Delegación Trelew de la AFI.
El agente manifestó a los fiscales que desde hacía más de un año trabajaba con el grupo mapuche que había realizado la ocupación territorial, y ofreció aportar información para identificar a esas personas.
Los fiscales aceptaron el ofrecimiento, y descargaron el disco externo del espía a la computadora del fiscal Rivarola. En junio esa información fue entregada en un “pendrive” a la defensora pública Paola Bagnato, y el 28 de agosto tomó estado público cuando el defensor público Fernando Radziwilowski, durante una audiencia, hizo referencia a su contenido.
El juez consideró comprobado que el espía llegó a la región cordillerana el mismo día en que comenzó la ocupación territorial en Leleque (marzo de 2015), y se involucró activamente en la investigación de la Brigada de Esquel.
El espía fue al lugar y fotografió a las personas que ocupaban el predio, y a otras que fueron en el momento en que la Policía intentaba identificarlos; tomó datos de los vehículos; realizó averiguaciones para identificar a todas estas personas; se comunicó con el teléfono que usarían los ocupantes del predio y hasta obtuvo la titularidad de los celulares, identificando de ese modo a una mujer relacionada al movimiento “No a la mina”.