Diferencias entre Gendarmería y los peritos de la Fiscalía por los audios de Spagnuolo en la causa ANDIS

La DATIP expresó sus diferencias con los resultados y las metodologías utilizadas por Gendarmería.

Los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), volvieron a generar controversia en la causa por presuntas coimas. Un informe de Gendarmería Nacional no pudo confirmar que las voces pertenezcan al exfuncionario. Tras conocerse los resultados, la Fiscalía cuestionó los métodos utilizados y sostuvo que había archivos en condiciones de ser analizados.

La División Acústica Forense de Gendarmería entregó este jueves a la Justicia el resultado de los estudios realizados sobre los archivos aportados por el periodista Mauro Federico. Las conclusiones del informe habían sido adelantadas hace 15 días por el Gobierno.

El documento tiene 74 páginas y fue consultado por la Agencia Noticias Argentinas. Allí, los especialistas señalaron que no pudieron establecer si las voces de las grabaciones corresponden a Spagnuolo.

De los archivos recibidos, 14 pudieron ser analizados, mientras que otros 43 no reunieron las condiciones necesarias para una comparación forense. En los registros examinados, los peritos detectaron características que podrían indicar que fueron regrabados.

También encontraron interrupciones abruptas y posibles cortes en las grabaciones. Sin embargo, no lograron determinar qué método de edición se habría utilizado. Tampoco pudieron establecer si las voces eran naturales o habían sido generadas mediante herramientas digitales.

Estas limitaciones impidieron comparar las grabaciones con la voz del exfuncionario. Gendarmería explicó que el análisis automático no pudo realizarse y que una evaluación basada únicamente en la escucha no era suficiente para una identificación forense.

Las objeciones de la Fiscalía

Los resultados del estudio generaron diferencias con los especialistas de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), quienes cuestionaron tanto el procedimiento como las conclusiones de Gendarmería.

El Ministerio Público Fiscal había participado del peritaje con cinco especialistas propios. Estos profesionales denunciaron que no pudieron incorporar sus desacuerdos en las conclusiones principales y que tuvieron que presentarlos en un anexo separado. Según señalaron, esto afectó el desarrollo del debate pericial.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con la decisión de no comparar las voces de los audios con la de Spagnuolo. Los peritos de Gendarmería argumentaron que el programa utilizado tenía limitaciones de calibración y que, por ese motivo, sus resultados no podían utilizarse para identificar al hablante.

Sin embargo, los especialistas de la DATIP sostuvieron que existían 15 archivos con calidad suficiente para realizar esa comparación.

También señalaron que el protocolo establece tres tipos de análisis y exige utilizar al menos dos. Según la Fiscalía, Gendarmería no cumplió con ese procedimiento y tampoco recurrió a métodos alternativos.

«Si el programa que iba a utilizarse no servía para el análisis automático de los registros, ello no impedía hacer los otros dos», cuestionaron.

Otro punto de discusión fue la posibilidad de que las voces hubieran sido generadas mediante inteligencia artificial. El informe de Gendarmería no pudo confirmar ni descartar esa hipótesis.

Frente a esto, los peritos de la Fiscalía señalaron que el estudio había encontrado «numerosos rasgos típicos del habla humana espontánea» y que no había detectado indicios de manipulación artificial. Por eso, consideraron que las conclusiones no reflejaban adecuadamente los resultados obtenidos.

«Si los métodos aplicados eran idóneos, la conclusión debió reflejar lo que mostraron; si no lo eran, no se entiende por qué se los utilizó y se valoraron sus resultados», sostuvieron.

Los especialistas también cuestionaron que Gendarmería no contara con herramientas para detectar voces sintéticas. Aclararon que esa carencia corresponde a una limitación del laboratorio y no significa que sea técnicamente imposible realizar ese tipo de estudios. Por ese motivo, consideraron que debieron evaluarse otros métodos disponibles en el ámbito científico.

Finalmente, la Fiscalía rechazó que se cuestionara la trazabilidad de los archivos por haber sido entregados voluntariamente. Sostuvo que no corresponde exigirles los mismos controles que a un dispositivo secuestrado durante un allanamiento y afirmó que «no hay elementos para poner en duda la integridad de esa prueba».