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El contrato anunciado durante el kirchnerismo fue cancelado al asumir el gobierno de Mauricio Macri, con Sergio Bergman a cargo del Ministerio de Ambiente.
El debate sobre la compra de aviones hidrantes en la Argentina volvió a instalarse con fuerza a partir de los recientes incendios forestales que afectan a la Patagonia, donde el fuego arrasó miles de hectáreas y puso en evidencia, una vez más, la importancia de contar con medios aéreos suficientes para el combate de emergencias de gran magnitud.
En ese contexto, reapareció la discusión en torno al anuncio realizado en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando en el marco del Plan Nacional de Manejo del Fuego se habló de la disponibilidad de 26 aviones hidrantes. Con el paso del tiempo, ese anuncio fue interpretado por amplios sectores como la compra de aeronaves por parte del Estado nacional.
Sin embargo, el esquema vigente en aquel momento no preveía la adquisición de aviones como propiedad estatal. El sistema funcionaba a través de contratos de alquiler y prestación de servicios aéreos, utilizados de manera estacional y de acuerdo con las necesidades operativas en las distintas regiones del país.
Al asumir Mauricio Macri en diciembre de 2015, el área quedó bajo la órbita del recién creado Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, conducido por Sergio Bergman. Según denuncias de sectores kirchneristas y diversas publicaciones periodísticas, la nueva gestión decidió cancelar el contrato heredado, lo que implicó la interrupción de ese esquema de aeronaves disponibles para el combate del fuego.
Desde el gobierno nacional de entonces se sostuvo que nunca existió una compra efectiva de aviones hidrantes y que la decisión respondió a una revisión administrativa y técnica del sistema, manteniendo el modelo de contratación de servicios en lugar de contar con una flota estatal propia.
La cancelación del contrato y la falta de consolidación de un esquema estable de medios aéreos se transformaron en uno de los principales ejes de crítica de la oposición, que advirtió sobre una reducción en la capacidad de respuesta frente a incendios de gran escala.
A más de una década del anuncio original y frente a los incendios que hoy golpean a la Patagonia, la discusión vuelve a cobrar centralidad y reabre el interrogante sobre la necesidad de definir una política de Estado sostenida y de largo plazo para el combate y la prevención de incendios forestales.
