Una funcionaria del Gobierno presentó su renuncia luego de un allanamiento en el que se le encontraron USD 700.000

Se trata de Ornella Calvete, funcionaria del Ministerio de Economía, allanada en la causa ANDIS.

El caso ANDIS volvió a sacudir las estructuras del Gobierno nacional y, en particular, del Ministerio de Economía. Según confirmó Infobae, una inspección judicial realizada en la vivienda de Ornella Calvete, directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial, derivó en el hallazgo de cerca de USD 700.000 en efectivo, además de otras divisas, documentos y dispositivos electrónicos. El episodio precipitó la renuncia de la funcionaria y abrió un temblor interno en la Secretaría de Industria y Comercio.

La salida de Calvete se formalizó apenas después de que la cúpula de Economía conociera el resultado del allanamiento. En los despachos de la cartera que conduce Luis Caputo asumieron que su continuidad era insostenible ante la magnitud de la sospecha, y avanzaron rápidamente en su reemplazo para evitar que la crisis comprometiera el funcionamiento del área.

La investigación que derivó en su caída proviene del expediente sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En el avance de esa causa, el Ministerio Público Fiscal ordenó una serie de allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires dirigidos a funcionarios y exfuncionarios vinculados a posibles maniobras de corrupción en contrataciones con proveedores del Estado.

Entre el material secuestrado, la Justicia detectó intercambios de mensajes entre Calvete y su padre, Miguel Ángel Calvete, dirigente con trayectoria en cámaras empresarias del sector supermercadista. Las conversaciones, fechadas entre el 10 y el 12 de septiembre de 2025, revelan preocupación por eventuales pesquisas, referencias a “cash blanco”, recomendaciones sobre qué contestar si la policía encontraba dinero y diálogos vinculados a contactos empresariales sensibles.

Uno de los pasajes más llamativos mencionados en el dictamen fiscal muestra a la funcionaria alertando a su padre sobre la presencia de agentes en su edificio y, minutos después, restándole importancia para continuar una charla informal. En medio del intercambio, Miguel Ángel Calvete le sugiere qué argumentar “por si entran acá y me ven con mossca”, dejando entrever la posibilidad de justificar el origen del dinero con supuestos préstamos de terceros.

En otro mensaje, fechado dos días antes, aparece una conversación sobre un encuentro con un empresario del rubro ortopédico. Allí, el padre promete que, si el resultado era favorable, le conseguiría “una lambo, una granja, lo que quieras”, frase que quedó registrada en el expediente y que alimenta la hipótesis de retornos o beneficios indebidos.

La fecha del secuestro del dinero quedó establecida oficialmente: 9 de octubre de 2025. Ese día, los agentes judiciales contabilizaron los casi USD 700.000 en distintas monedas extranjeras. Todo lo incautado quedó bajo resguardo del juez de la causa. La cifra impactó de lleno en el Ministerio de Economía y aceleró las decisiones políticas.

Fuentes del Palacio de Hacienda confirmaron a Infobae que la renuncia de Calvete se aceptó de inmediato. Aunque aún no se difundieron nombres para ocupar el puesto vacante, desde la Secretaría de Industria y Comercio aseguran que no habrá interrupciones en su operatividad.

El capítulo paralelo involucra directamente a Miguel Ángel Calvete, quien se presentó recientemente en los tribunales de Comodoro Py para ser indagado en el marco de la misma causa. Su presencia incrementó la tensión pública alrededor del caso, especialmente por el rol que ocupó durante años en cámaras empresarias con alto nivel de interlocución con el Estado.

Por el momento, la Justicia no difundió si habrá nuevas imputaciones, detenciones o pedidos de medidas más severas. Sin embargo, el impacto institucional ya es profundo: la caída de la funcionaria, el hallazgo del dinero y las comunicaciones familiares en plena investigación reconfiguraron el alcance político del expediente.

El “caso ANDIS” sigue bajo secreto parcial y avanza con nuevos capítulos a medida que peritos y fiscales analizan cada chat, documento y registro financiero obtenido en los allanamientos. Mientras tanto, en el Gobierno observan con preocupación cómo la causa, que comenzó en organismos dedicados a la discapacidad, terminó golpeando directamente el corazón económico de la administración.