Adorni en la mira: los recibos revelan pagos y siembran nuevas dudas

La Justicia incorporó los comprobantes del viaje a Punta del Este: la ida figura abonada por una productora ligada a la TV Pública y la vuelta integra un paquete pagado por un tercero.

La causa que investiga el viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este sumó una prueba central: los recibos de los vuelos privados de ida y vuelta. Los documentos, ya en poder del juez federal Ariel Lijo, permiten reconstruir cómo se habrían abonado los traslados y, al mismo tiempo, abren nuevos interrogantes sobre el origen de los fondos.

Según esos comprobantes, el vuelo de ida aparece pagado por la productora Imhouse, vinculada al periodista Marcelo Grandio, quien además declaró que alojó a Adorni en su casa en Uruguay. El regreso, en cambio, no fue abonado de manera individual: forma parte de un paquete de 10 vuelos costeado por una persona que no es figura pública y cuyo nombre se mantiene, al menos por ahora, bajo reserva.

El rastro del dinero en el expediente Los recibos fueron entregados por la empresa que contrató los vuelos a pedido de Lijo. A partir de esa documentación, el juzgado avanzó con medidas para reconstruir la trazabilidad de los pagos y determinar quién afrontó los costos reales del viaje.

En paralelo, la Policía Federal se presentó en el aeropuerto de San Fernando para recolectar documentación y asegurar elementos que puedan resultar útiles para la causa.

Los registros incorporados al expediente incluyen una transferencia bancaria en pesos por $6.984.180 -equivalente a USD 4.830 según la factura emitida por la empresa- vinculada al servicio aéreo contratado.

Documentación, controles y trazabilidad Lijo solicitó a los organismos que operan en el aeropuerto de San Fernando toda la información disponible sobre los vuelos, incluidos registros administrativos y material de cámaras de seguridad. El objetivo es reconstruir el recorrido completo de los pasajeros y verificar si se cumplieron los controles de Migraciones y Aduana.

La fiscalía de Gerardo Pollicita amplió esas medidas. Requirió a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) el plan de vuelo del avión Honda Jet matrícula LVHWA, contratado por Alpha Centauri S.A., tanto en el tramo de ida del 12 de febrero como en el regreso del 17.

También solicitó a la Dirección General de Aduanas que informe si se realizaron controles sobre la aeronave y sus tripulantes, y si se registraron declaraciones juradas por dinero u objetos de valor.

En paralelo, pidió reconstruir la trazabilidad del dinero utilizado por la empresa Alpha Centauri S.A. para abonar los viajes, a partir de registros contables y bancarios.

Declaraciones bajo análisis
Las declaraciones públicas de Marcelo Grandio quedaron incorporadas como parte de la evidencia a revisar. La fiscalía solicitó la desgrabación de las entrevistas que tanto el periodista como Adorni dieron desde que se conoció el viaje, con el objetivo de precisar cómo se financiaron los vuelos.

En esas intervenciones, Grandio ofreció explicaciones cambiantes sobre el pago. En un primer momento sostuvo que el jefe de Gabinete había cubierto el costo del traslado; luego afirmó que el gasto se había dividido entre los pasajeros. Sin embargo, según el recibo incorporado al expediente, el viaje de ida fue pagado por Imhouse, la productora del propio Grandio. La fiscalía busca contrastar esas declaraciones con la documentación ya incorporada al expediente.

Dos causas y un posible encuadre penal
El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro.

Según la denuncia citada en el dictamen fiscal, el costo del viaje «excedería ampliamente» la capacidad económica de Adorni, cuya remuneración mensual ronda los $3,5 millones. En ese cálculo, el gasto total del traslado equivale a aproximadamente cuatro salarios del funcionario en un período de pocos días.

En paralelo, otra causa por enriquecimiento ilícito, impulsada por la diputada Marcela Pagano, avanza por separado, aunque la fiscalía ya pidió verificar si corresponde unificar los expedientes.

Sobre esa base, la fiscalía evalúa si el caso puede encuadrar como enriquecimiento ilícito -en caso de verificarse un incremento patrimonial no justificado- o como dádivas. Por ahora, la prioridad es establecer quién pagó los vuelos y bajo qué condiciones.