Diego Correa presentó un escrito solicitando seguir detenido. Lo mismo hizo Sandro Figueroa. Los fiscales argumentaron el peligro de fuga de los imputados. El juez Sergio Piñeda resolvió que los cinco imputados Mc Leod, Ramón, Souza, Gatica y Luther continúen cumpliendo con prisión preventiva hasta la audiencia preliminar.
En una maratónica audiencia en el marco de la causa «Embrujo», el Juez Sergio Piñeda resolvió que los cinco imputados, Mc Leod, Ramón, Souza, Gatica y Luther continúen cumpliendo con prisión preventiva hasta la audiencia preliminar.
Por su parte, Diego Correa presentó un escrito solicitando seguir detenido. Lo mismo hizo Sandro Figueroa. Los fiscales argumentaron el peligro de fuga de los imputados.
Rodríguez y Williams expusieron durante casi cuatro horas los peligros procesales de los siete imputados, a los que se sumaron la Fiscalía de Estado y la Oficina Anticorrupción. Las defensas, en cambio plantearon profundos reparos a que sus clientes continúen detenidos.
Los fiscales focalizaron sus alegatos en la asociación ilícita y en el rol de cada uno de los integrantes dentro de este esquema presuntamente defraudatorio.
Detallaron con precisión el desempeño de cada uno de los imputados y se ampararon en las penas efectivas para requerir la continuidad de las prisiones preventivas. Cabe destacar que la imputación presentada por los fiscales ilustra condenas de más de cuatro años en todos los casos. «Pasamos del grado de sospecha a la alta probabilidad», esbozó Williams.
Los abogados Fabián Gabalachis (Mc Leod); Omar López (Ramón); Patricio Romero (Gatica); Damián D’Antonio (Souza); y Lisandro Benítez (Luthers) delinearon diferentes estrategias para morigerar la medida de coerción.
A los pedidos de los abogados defensores, por «deterioro psicológico y mental» en los casos de Natalia Mc Leod y Daniela Souza, el juez Piñeda resolvió no conceder la prisión domiciliaria, argumentando que «no están dados los elementos» para otorgarla.
Para el caso del resto de los imputados, Piñeda aclaró que las medidas de coerción deben ser excepcionales. «Estamos hablando de dinero público que servía para beneficiar a un grupo. La pena que se espera es clave. Los peligros procesales están latentes. La acusación final de los fiscales aumenta la probabilidad de los peligros procesales», sentenció el juez.