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Palma y Mamoletti, imputados por negocios ilegales, quedaron en libertad el pasado jueves, luego de que la jueza dejara sin efecto la prisión preventiva.
El fiscal jefe Carlos Díaz Mayer brindó detalles sobre los avances en la investigación contra Mauro Palma, ex Jefe de la Delegación Noroeste de la Dirección General de Servicios Públicos, quien se encuentra imputado por llevar a cabo negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas entre 2015 y 2024.
La denuncia provino del secretario de Infraestructura de Chubut, Hernán Tórtola. Según la denuncia, durante el periodo mencionado, se habrían creado diversas empresas que fueron las únicas proveedoras de servicios esenciales para obtener la factibilidad necesaria para la habilitación de loteos. Estas empresas tendrían una relación directa con Mauro Palma y algunos de los empleados de la Dirección General de Servicios Públicos.
El 22 de febrero, en el marco de la investigación, se realizaron ocho allanamientos en Lago Puelo, en busca de información relevante, teléfonos y computadoras. Según indicó el fiscal, los allanamientos dieron resultados positivos y se continúa analizando la información obtenida. «Casi todos los allanamientos dieron resultados positivos, estamos evaluando y buscando más pruebas para determinar en qué aspectos debemos profundizar», comentó Díaz Mayer.
En los próximos días, dos equipos de especialistas en delitos económicos llegarán para ayudar en la investigación, con el objetivo de profundizar aún más en los detalles de las irregularidades detectadas.
Mauro Palma y Marcelo Mamoletti se encuentran imputados en el caso. Ambos estuvieron en prisión preventiva hasta el viernes pasado. Sin embargo, el jueves pasado, la jueza dejó sin efecto la prisión preventiva, y el domingo dos jueces de Esquel confirmaron la libertad de los imputados. Frente a esta decisión judicial, el fiscal presentó una revisión de la medida y continuará con la investigación.
La investigación no se limita solo a los exfuncionarios, ya que se han identificado a empleados de la Dirección de Servicios Públicos que podrían estar involucrados. Los allanamientos realizados durante el fin de semana apuntan a encontrar vínculos entre estos empleados y las empresas que habrían tenido un rol clave en la entrega de los servicios necesarios para la factibilidad de loteos. Díaz Mayer sostuvo que estos hallazgos podrían implicar una serie de delitos contra la administración pública que están siendo analizados por los fiscales.
“Es parte de una maniobra que podría abarcar varios delitos contra la administración pública. Estamos investigando todas las conexiones y viendo hasta dónde nos lleva la investigación”, concluyó el fiscal jefe.
