Madryn: Segundo y Otero evitaron ir a juicio a cambio de donar leche

No se dilucidarán las responsabilidades en torno a la presunta venta simulada de la empresa Alpesca, y es porque los acusados se acogieron al beneficio de la ‘suspensión del juicio a prueba’. Omar Segundo y su hijo Juan Paulo, Federico Otero y su madre Rosa Chico pidieron la “probation” y ofrecieron donar dinero y sachets de leche a instituciones de bien público.

“Carecen de antecedentes penales y en caso de haber condena sería condicional”, dijo el defensor, Fabián Gabalachis, a la vez que ofreció una reparación económica y tareas comunitarias.

Por su parte, la jueza indicó que se daban los requisitos para otorgar la medida, por lo que los imputados deberán donar dinero y “packs de leche” a instituciones benéficas.
Por su parte, Federico Otero y su madre Rosa Chico estuvieron patrocinados por el defensor público Gastón Ledesma.

La acusación del Ministerio Público Fiscal era de “estafa”, al considerar que la venta de la pesquera Alpesca entre Segundo y Otero fue simulada. Para los fiscales, Chico y Otero oficiaron de “prestanombres”.

20 mil pesos y 60 litros de leche

De acuerdo a lo resuelto al concluir la audiencia, Segundo indicó que donará 20 mil pesos para una institución benéfica y además ofreció 60 litros de leche mensuales durante un año y medio para instituciones de bien público. Mientras que Otero y Chico, por su parte, donarán 10 mil pesos, más 60 litros de leche mensuales y además deberá presentarse mensualmente en Puerto Madryn. La suspensión del juicio a prueba será de un año y seis meses para Segundo y de dos años para Otero.

La jueza Stella Eizmendi indicó que se dan los requisitos para otorgar la medida y adelantó que la homologará, aunque sostuvo que se tomará el plazo legal para notificar la resolución por escrito.

Madre e hijo, detenidos y liberados

El hijo de Rosa Chico estaba prófugo de la Justicia desde hacía más de un año, tras haber sido declarado “en rebeldía” al no presentarse a las audiencias previas. Sin embargo, se presentó en Tribunales en el comienzo del juicio por la supuesta venta simulada de la pesquera y quedó detenido. Otero se sentó junto a su madre, Carmen Rosa Chico, quien también se encuentra detenida en Madryn desde hace dos meses, en el marco de la misma causa, luego de que fuera detectada por la Policía en abril en el barrio de Liniers de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Con todo, al termino de la audiencia y al hacerse lugar a la probation la medida restrictiva de liberad quedó sin efecto.

Por su parte, los fiscales creen que Omar y Juan Paulo Segundo buscaron desligarse de sus responsabilidades empresariales utilizando como “prestanombres” en una operación ficticia a Federico Otero y su madre.

Tareas comunitarias

La “probation” está prevista en el Código Penal y se aplica a delitos donde la pena de prisión efectiva pueda ser en suspenso, lo que permite evitar una condena a cambio de la realización de tareas comunitarias. La medida se otorga cuando el imputado no tiene antecedentes y la pena en expectativa en caso de ser condena no sea de efectivo cumplimiento; en este caso, la estafa parte de un mínimo de un mes.

Momentos antes de que comenzara la audiencia, el abogado de Omar “Cura” Segundo y su hijo Juan Paulo, Fabián Gabalachis, dialogó con los medios y sostuvo, en relación a la misma, que “se trata de una causa que tiene cuatro implicados (por Rosa Chico y Federico Otero), de los cuales yo represento a dos, que es por la venta de la empresa Alpesca, y la pretensión de esta defensa es presentar la suspensión del juicio a prueba”, a la vez manifestó que “entiendo que esto es viable y, según algunas palabras que hemos adelantado con el Ministerio Público Fiscal, sería posible”.

Adujeron “falta de antecedentes”

El pedido de “probation” se basó en que “es un instituto que lo que hace es suspender el juicio por un lapso de tiempo, en el cual si la persona no tiene la comisión de nuevos delitos, se da por cerrado ese proceso”, agregando que “los presupuestos que tiene para viabilidad del mismo son en relación a la pena que se espera por un delito de estas características y la falta de antecedentes por parte de la persona imputada, junto con otras cuestiones complementarias como son algún ofrecimiento de reparación y medidas comunitarias”.

Consultado sobre si el pedido de suspensión de juicio a prueba sería, de algún modo, reconocer el delito que se le imputa a Segundo, Gabalachis analizó que “justamente, es todo lo contrario; no existe juicio de responsabilidad sino que se suspende el juicio, a los fines de que en ese lapso de tiempo cumpla, o no, con determinado período de prueba, que consiste en no cometer nuevos delitos”.
El letrado remarcó que “lo que se está discutiendo acá es una venta simulada, no hay una determinación de perjuicio económico” y agregó que “lo que ha entendido el juez es que se ha simulado la venta (de la empresa Alpesca) a los fines de perjudicar a quienes podrían llegar a ser acreedores de la firma, pero no se ha determinado en qué monto y con qué características”.

A su vez, reiteró que “no los vamos a someter al juicio (a Omar y Juan Paulo Segundo), sino que vamos a hacer uso de otra herramienta de carácter sustantivo, que prevé el Código Penal, que es la suspensión del juicio, bajo los presupuestos de un período de prueba, para ver si durante el mismo (el imputado) cumple o no cumple”, adelantando que, en caso de que los imputados no cumplieran con lo requerido, “el delito por el cual es imputado (Omar Segundo) tiene una pena mínima de un mes y una máxima de seis años, y dentro de esos parámetros punitivos, sería la discusión que tendría que darse en el marco del juicio, pero para una persona sin antecedentes, difícilmente podría superar los tres años, que implica un cumplimiento condicional”.

Deberán portarse bien

En referencia a que, una vez concedida la “probation”, el imputado “no debe cometer” nuevos delitos, Gabalachis expresó que dicha solicitud no implica reconocer el delito que se le endilga al cuestionado empresario, sino que “esto no lo digo yo, sino el Código Penal, y justamente la naturaleza del juicio a prueba es esa, no determinar la culpabilidad en referencia al delito, sino que se suspende la continuidad del proceso, sujeto a esta medida que implica, de algún modo, ‘portarse bien’”.
Sobre el papel del juez, en este caso Stella Eizmendi, el abogado aclaró que deberá “homologar” el pedido y que “quien resuelve, en definitiva, es el juez”, añadiendo que “en caso de que no se acepte, no necesariamente para este caso en particular sino a título genérico, cualquiera de las partes, tanto la defensa como la Fiscalía tiene la posibilidad de impugnarla y ello merece un tratamiento por la vía ordinaria”.

A pocos minutos de ingresar al recinto, el letrado había mantenido una conversación con el fiscal general Daniel Báez; consultado respecto de un acuerdo entre ambas partes, Gabalachis sostuvo que “entiendo que va a consentir la aplicación del instituto (“probation”) y, de hecho, ya he leído en la prensa que se había adelantado que podía pasar esto, no salió de mi boca pero evidentemente han tenido una tarea investigativa profunda”.

El caso que quedó en abstracto

En la causa por la presunta venta simulada de Alpesca están acusados Héctor Omar Segundo, su hijo Juan Paulo y Rosa Chico, la madre de Federico Otero, quien hasta entonces permanecía prófugo. Los fiscales Daniel Báez y Alex Williams aseguraban que fue la venta había sido “simulada”, en perjuicio del Estado y los trabajadores, a la vez que sostuvieron que la venta de la pesquera entre Segundo y Federico Otero fue una “estafa” y que Rosa Chico y Federico Otero fueron “prestanombres”.

La presunta maniobra defraudatoria “se habría desarrollado a través de la simulación de una venta, en la que supuestamente Federico Otero y Rosa Chico le adquirieron el paquete accionario de Alpesca S.A y AP Holding S.A, empresa controladora del paquete accionario de la primera, a Omar Segundo y Juan Paulo Segundo, por la suma de cinco millones y medio de pesos”, afirmaron desde el Ministerio Público Fiscal.

Nadie será juzgado
De este modo, tanto Omar “Cura” Segundo como su hijo, Juan Paulo, deberán mantener una conducta “ejemplar” durante el término de un año y medio, a la vez que deberán donar veinte mil peso a una institución benéfica en concepto de “reparación del daño” por el cual ahora no serían juzgados.

Por otra parte, Rosa Chico y Federico Otero deberán “portarse bien” durante dos años y donar 10 mil pesos entre ambos a una institución.

Habiendo sido beneficiados los cuatro imputados con la suspensión del juicio a prueba, finalmente no se expondrán de manera pública las pruebas a través de las cuales la Fiscalía pretendía demostrar la metodología empleada para “estafar” a quienes eran acreedores de la firma, entre ellos casi mil empleados, algunos de los cuales han logrado reinsertarse en el mercado de trabajo, a la vez que una importante cifra de ellos permanece cobrando subsidios.